Dra. Loreto Correa Vera
Investigadora CIEE-ANEPE
Desde hace varias semanas, analistas bolivianos y algunos parlamentarios chilenos han expresado cierta desconfianza y resquemor por la reciente labor realizada por las cancillerías de Chile y de Bolivia. En esta columna, deseo hacer desde el sentido común un breve balance y un llamado a esas voces.
El contexto
Al empezar, por cierto, parece oportuno destacar el contexto en el cual se mueve la política exterior actual de los estados en el mundo. La pedagogía es necesaria, porque es imperativo que los países y sus líderes de opinión insistan en resolver la gran crisis y la transición mundial que hoy aqueja a la humanidad, crisis que deriva en una policrisis de dimensiones muy complejas y lo que es más grave aún, sin cortapisas. Esta policrisis advierte que los Estados hoy no están cumpliendo el derecho internacional, que las grandes potencias se saltan las reglas de la convivencia internacional, que vivimos en una guerra comercial y lo que es más triste, que vivimos en un ambiente real de guerra en Ucrania, Siria, Yemen, parte de varios estados africanos y en ciernes, una crisis que lleva en sombras la idea de una invasión de China a Taiwán. Hoy no hay Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pero Rusia tiene una serie de intereses geopolíticos en Asia, Europa, África y si apuran, en la Antártica. Lo propio China en diversos escenarios económicos y con una ambición y proyección en la que caben todos los países latinoamericanos también: disputarle al 2050 la hegemonía a Estados Unidos.
Parto por aquí, porque durante décadas, el contraste entre orden y desorden internacional no había sido tan marcado, y porque lamentablemente, los países medianos y los más pequeños se encuentran en dilemas complicados. Una larga lista de estos inicia con un omitido y obligado fortalecimiento de Polonia justo a un costado de una guerra que le ha traído millones de migrantes. Lo propio Alemania, que ha solventado a la Unión Europea o Francia, que, tras tener un año inolvidable, atraviesa por una más de sus crisis políticas.
En el caso latinoamericano, la advertencia de devolver migrantes es una realidad, cuestión que afecta en efecto dominó a toda la región. A ello se suma el “no importismo” de décadas de Estados Unidos respecto de América Latina, no importismo que cesa por la penetración de los fenómenos de seguridad en toda la región y, por cierto, allí.
En este esquema de cosas, los intereses nacionales de Chile y Bolivia solo nos importan a ambos países. Y en rigor, bien haríamos en observarnos en medio de este paisaje en vez de seguir en “plan isla”. Recordar que la OEA está literalmente en un silencio sepulcral, la Cumbre Iberoamericana realizada en Cuenca/Ecuador en noviembre pasado una sombra de lo que era, y la CELAC convertido en un foro que hoy no define nada. Esto, para aquellos que insisten en el multilateralismo como si fuera un mantra, favor tomar un baño de realidad e incluir a MERCOSUR y a la Alianza del Pacífico en ello, cada vez más reducida a cuestiones poco sustanciales.
Vamos a Chile y Bolivia.
Hagamos una evaluación de las relaciones entre Bolivia y Chile: los dos países concluyeron dos pleitos internacionales en 2018 y 2022. En ambos, las decisiones fueron claras. Por un margen amplio, los dictámenes definieron que las peticiones realizadas por Bolivia eran no ha lugar. En ese esquema de cosas, las situaciones han dado por cerrado el tema marítimo y la contrademanda boliviana respecto del Silala, por más que haya voces aisladas que insistan en que ello no es así, invocando narrativas que solo han tendido a poner muros entre ambas naciones.
Veamos el tema marítimo. Hay que recordar que por 12 votos contra tres la Corte Interamericana de Justicia decidió que no había la obligación de negociar. Lo he señalado en innumerables ocasiones: Chile debe responder al espíritu del Tratado de 1904 y a las obligaciones que se han impuesto en este esquema. Respecto del Silala, las definiciones concretas son que el Silala es un río, un curso de agua internacional y que Chile no le debe dinero a Bolivia. Por eso, Bolivia es libre de desmantelar los canales y la mampostería. De hacerlo, debe cumplir las normas del derecho internacional. En ambos casos eso no es gobernanza, como se ha esgrimido en Bolivia, sino cumplir con el fallo.
Sin embargo, las cosas no se concretan en el aire. Bolivia posee un gobierno sin Cancillería de carrera desde la suspensión de la reforma hecha por la canciller Karen Longaric (2020) y que el gobierno de Arce borró del sistema. Al respecto, antiguas voces de Cancillería aún se sienten con la autoridad de pautear a un gobierno que no escucha y al que no le interesan aquellas voces.
Una agenda
En efecto, el gobierno de Luis Arce ha transitado ya cuatro años con operadores que desempeñan la agenda que él dispone, cumpliendo los mecanismos institucionales dispuestos en la CPE boliviana; esto es que el jefe de Estado sea responsable de la política exterior y que solo en casos especiales se le consulte al Congreso. En este sentido, ninguno de los acuerdos recientes suscritos por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en Chile contradice los artículos 255 al 265 de la Carta Magna boliviana. En consecuencia, mal hacen estos exfuncionarios del Estado Plurinacional en retrucar gestiones que buscan una mejora en la armonización de cuestiones fronterizas, policiales, comerciales, migratorios, todos temas que intentan ayudar respecto del clima de inseguridad brutal que existe en la zona andina.
A este lado de la frontera, no hay drama legal. Toda la política exterior chilena depende del presidente de turno. Por ello, tras el fallo del Silala, la entonces canciller Antonia Urrejola señaló que “La voluntad de nuestro país es, de aquí en adelante, continuar trabajando con la hermana República de Bolivia” (2022). Por eso es que podrán pedirse explicaciones respecto a qué ha solicitado Bolivia a Chile a cambio para firmar los últimos acuerdos vinculados a temas migratorios, pero esa petición no desmerece que se pueda dialogar y llegar a acuerdos positivos para ambos países, especialmente entendiendo que estos ni son tratados internacionales, ni tampoco conversaciones sin destino. Chile quiere una Bolivia estable, próspera y democrática. Esa es la agenda.
Esta agenda técnica, ni es paradiplomacia –porque no surge de la interacción de los gobiernos subnacionales–, ni pretende saldar problemas internos de la diplomacia boliviana –resultante de la incapacidad de los actores nacionales por reponer una diplomacia profesional en un marco gubernamental discrecional–. Tampoco trata de mitigar las narrativas hostiles a la política exterior chilena. La agenda pretende lo obvio: mitigar a través de la unidad de intereses evidentes entre ambos países en un contexto de inseguridad regional latinoamericano, el creciente y peligroso clima de inseguridad en las fronteras y resguardar los derechos de todas las personas que allí viven, comercian y transitan.
Así las cosas, las miradas retóricas sobre la política fronteriza vertidas recientemente en Bolivia, una estirando los argumentos respecto del Silala y otra, insistiendo en que habría la necesidad de un diálogo que “busque ganancias inmediatas” para Bolivia (Javier Viscarra, Brújula Digital 28|12|24|) e indicando qué deben hacer las cancillerías de Bolivia y Chile, resulta cargante. Otro tanto, las desmedidas declaraciones de exfuncionarios de Cancillería de Bolivia, quienes insisten en algo aún más criticable, decir que Bolivia se ha puesto de rodillas respecto de Chile (Javier Viscarra, Gustavo Aliaga y Ronald MacLean, Brújula Digital |22-12-24) y Ronald MacLean (Brújula Digital |31|12|24|). Eso no es cierto ni Chile pretende semejante cosa.
Respecto de lo primero: Bolivia puede hacer lo que desee con el Silala siempre y cuando respete la normativa internacional de flujo de aguas. Chile –de ser necesario– observará los incumplimientos si los hubiera y ante quien corresponda. Sobre este particular entonces, lo mejor que puede hacerse es dejar que las instituciones funcionen. La verdad sea dicha, décadas tuvo la diplomacia boliviana para estudiar el tema marítimo y si el Silala era o no un curso de agua internacional.
Respecto de ponerse de rodillas, las cosas claras: Los intereses de la zona fronteriza andina afectan profundamente a los dos países. Si Bolivia deja transitar por su territorio a criminales o personas que pasan por paso no habilitado hacia Chile, el problema es compartido, no es solo de Chile. Si esto “ha de intercambiarse” por algo que le convenga a Bolivia, omite el hecho que Bolivia mantiene población indígena, rural, en zonas tan vulnerables como Chile.
¿De qué se trataría entonces la agenda reciente de las autoridades de ambos países? Es una línea de trabajo compartido entre ambos países que busca resguardar derechos humanos, mitigar pobreza y cumplir la agenda 2030 que tanto se pregona y que prioriza a las personas.
Por ello, los acuerdos partieron con medidas de acercamiento para mejorar el Servicio Nacional de Aduanas y de los Complejos Fronterizos. Prosiguió con una mejora selectiva para mejorar el acceso a un visado de trabajo de bolivianos en Chile que eliminó el cobro de arancel para los nacionales bolivianos (agosto 2024), y concluyó con mejoras del ACE 22 en octubre de 2024 a fin de: “…promover la integración económica regional y una política comercial más inclusiva, a fin de garantizar que los beneficios del comercio y la inversión se compartan de manera más amplia, teniendo un impacto positivo en el crecimiento económico, en la diversificación de nuestra canasta exportadora y en la reducción de la desigualdad. Para eso, ha sido fundamental sumar nuevos capítulos en los acuerdos económicos comerciales, promoviendo su uso en negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales. Esperamos con Bolivia poder avanzar en esta materia para mejorar la competitividad de las MiPymes y abrir nuevas oportunidades para aquellas exportadoras lideradas por mujeres”, comentó la subsecretaria chilena Claudia Sanhueza.
Por último, la agenda se ocupó de un tema urgente para los dos países, esto es la circulación de personas en las fronteras a través de la reconducción de migrantes de terceros países. Al respecto, se definió que: “En el caso de Chile, si Carabineros o el Ejército encuentra a un ciudadano boliviano o de un tercer país dentro de la zona de 10 km desde la frontera hacia el interior del territorio nacional, esta persona será derivada a personal de PDI para que lo entregue a la policía boliviana y retorne a ese país, previo registro biométrico.” (Gobierno de Chile, 20 dic, 2024). A ello se sumó un acuerdo de cooperación para controlar el delito de contrabando y un tercer acuerdo vinculado a regular el tránsito de personas que viven en zonas aledañas a la frontera.
Es fundamental remarcar que la ausencia de control de personas ocurre en las mismas rutas por donde se producen el tráfico de personas, el contrabando y el mismo narcotráfico. O sea, se asiste a problemas respecto de territorios en los que se ha instalado el crimen organizado transnacional y que afecta caminos, puertos, ciudades y el paisaje total del altiplano, hoy tapizado de delitos e inseguridad y por donde transita el 80% del comercio exterior de Bolivia. Es cierto que el tema de las reconducciones afecta particularmente a Chile, pero, un mínimo de sentido común es detener el tránsito por zonas andinas si lo que se quiere es evitar es el crimen organizado transnacional por territorios propios. En consecuencia, que Bolivia apoye las reconducciones es de beneficio mutuo, porque se busca contrarrestar la circulación de personas sin control, cuestión que dejó de ser un problema individual de cada país.
Por ello, debemos alegrarnos en Chile y en Bolivia haber salido de la vergonzosa ley del hielo que surgió tras el fallo de La Haya el 2018 y luego, condicionada por el COVID. Dicho lo anterior, es deber de la sociedad civil recuperar el diálogo, revisar qué podemos mejorar, en qué se puede contribuir desde la perspectiva de mejores prácticas, pensar en el comercio y la seguridad de las exportaciones, y, finalmente, acompañar en pro del bienestar concreto de las poblaciones y los países. Esta dinámica es justamente la que ha venido apoyando y aproximando a los liderazgos de opinión tanto desde los encuentros empresariales binacionales (2021, 2022 y 2023) como particularmente, en los dos últimos encuentros de historiadores, cientistas sociales e intelectuales de Chile y Bolivia en Iquique (2023) y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2024); evento que volveremos a replicar este 2025 en Chile y respecto del cual extendemos desde ya la invitación a participar.
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