ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

Movilidad de las organizaciones criminales: el caso del Tren de Aragua en la región de Tarapacá

Alejandro Arévalo Sarce

Investigador CIEE-ANEPE

En la actualidad, se ha intensificado el debate sobre las organizaciones criminales transnacionales y sus repercusiones para Chile, un fenómeno que ha tenido un impacto profundo en la percepción de temor de la ciudadanía, alimentado por el aumento de la violencia vinculada a estas organizaciones. Si bien, la violencia en los países de la región es de larga data y se encuentra presente en sus distintos entramados sociales. Sus causas y factores, así como la oscilación en sus períodos de aumento y descenso, han sido profundamente estudiados por la literatura (1). En la actualidad hemos podido advertir que una especie de esa violencia, denominada homicida, está vinculada principalmente a la consolidación de las organizaciones criminales. Esto ha obligado a que los Estados maximicen sus esfuerzos para mejorar la capacidad de respuesta ante este fenómeno (2,3).

Una de las excepciones a esta realidad regional, hasta hace poco, lo constituía Chile. Aunque existía un problema asociado a la criminalidad, este se presentaba bastante homogéneo, con una manifestación muy local y altamente concentrada en espacios urbanos. El Estado, comparativamente, funcionaba con solidez y exhibía altos niveles de capilaridad (alcance territorial) (4,5). Sin embargo, en el último tiempo, todos estos elementos se han tensionado con la irrupción de una nueva forma de criminalidad compleja, lo que obligó a que se implementaran mecanismos territoriales de coordinación interinstitucional. 

En cuanto a la estrategia pública utilizada, es posible apreciar que, hasta antes del año 2020 a pesar de la presencia de organizaciones criminales transnacionales en Chile, no se generó un gran cambio en la respuesta, pues no se anticipaba un cambio tan drástico en las cifras, como la que exhiben los últimos tres años. Un caso que sirve para ilustrar lo anterior ocurre durante año 2020, en que a pesar de conocerse la presencia de dos hermanos asociados al Cartel de Sinaloa (los que llegan a Chile con el objeto de implementar una estrategia de expansión a través de puertos chilenos, para transportar cocaína a Europa)(6) no se moviliza significativamente el aparataje público, y más bien se sigue actuando bajo los mismos lineamientos anteriores. Pero esta situación cambió radicalmente, con la llegada de una organización criminal venezolana que surge como una banda carcelaria, denominada el Tren de Aragua. Su llegada al país generó una abrupta tensión en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá en Chile, y su contraparte Pisiga Bolívar en Bolivia. Ambos pueblos altiplánicos, situados a más de 3.650 m.s.n.m. (7) que han mantenido históricamente espacios de colaboración e interdependencia cultural y económica.

El Tren de Aragua destacaba por la amplia diversificación de actividades ilícitas y el uso de violencia extrema para influir en las creencias y acciones de sus adversarios (8). Además, buscaba consolidarse en zonas fronterizas, como una estrategia para evadir la persecución y ampliar su radio de acción. Destaca en esta línea la implementación de acciones delictivas en la frontera entre Venezuela y Colombia (9–11) y en el paso fronterizo de Colchane-Pisiga Bolívar, donde cobraban peajes por la utilización de pasos no habilitados, asesinando a quienes se negaban a pagar (12).

Es importante destacar que las regiones del norte de Chile presentan condiciones geográficas y sociales favorables para el ingreso de este tipo organizaciones criminales transnacionales. En esta zona existe una alta porosidad de las fronteras y bajos niveles de densidad poblacional. Los datos muestras que existen 13,4 hab/km2 para la región de Arica y Parinacota; 7,8 hab/km2 en Tarapacá; y de un 3,9 hab/km2 en Antofagasta. Asimismo, existen indicadores sociales que según la literatura nos permiten suponer, que en estas regiones es posible que una criminalidad de esta naturaleza pueda sostenerse en el tiempo. A saber, Tarapacá , comparativamente posee el mayor porcentaje de pobreza multidimensional a nivel nacional con un 23,8% de sus habitantes (13) y  posee comunas, que  manifiestan un rápido crecimiento poblacional. En esta zona cerca de 12.167 familias habitan en 63 campamentos concentrados en Iquique y Alto Hospicio enfrentando situaciones de vulnerabilidad y exclusión social significativas (14). Por otro lado, la tasa de víctimas de homicidios consumados por cada cien mil habitantes presentó una tasa de 10,7, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, y muy por sobre la tasa promedio nacional que fue de 6,3 homicidios consumados del año 2023 (15).

No es posible desatender además los flujos migratorios desde Venezuela entre 2020 y 2021. Estos se intensificaron, tanto por el efecto provocado por la pandemia, como a las condiciones sociales, políticas y económicas de ese país. Diversos organismos establecen una cifra superior a los 7 millones setecientos mil de migrantes venezolanos (16,17). En estas condiciones es dable pensar que los miembros del Tren de Aragua han sido parte de estos flujos y que en tanto migrantes se han instalado en los países receptores. A poco tiempo de la instalación de esta población las acciones disruptivas de los miembros de esta organización, en los países de la región, provocaron una situación de rechazo y discriminación hacia los migrantes en general (18). En el caso chileno, esto se confirma con los resultados de la Encuesta Bicentenario UC 2023. En términos generales y sin distinción de nacionalidad, a la pregunta: ¿Cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto? Entre chilenos e inmigrantes: los que responden un “gran conflicto” alcanza el 71,4%; y  el 91% de los encuestados considera que el aumento de la delincuencia se debe a los migrantes (19). Cabe señalar que la situación de las regiones fronterizas del norte de Chile y los flujos migratorios, representan un reto de seguridad, donde la delincuencia organizada desarrolla sus mercados ilícitos con manifestaciones de violencia extrema (10,20).

Las manifestaciones de esta nueva forma de criminalidad organizada transnacional nos sitúan de cara a un fenómeno que cuestiona los paradigmas tradicionales y con ello tensiona la perspectiva teórica aplicable a estas materias. Es así como, el caso del Tren de Aragua, en la región de Tarapacá, resulta interesante pues permite comprobar el rol de los factores locales (región fronteriza, indicadores de vulnerabilidad, bajos niveles de capacidad estatal, entre otros), y los efectos de la globalización a la hora de facilitar la perpetración de graves delitos transfronterizos (21). Se advierte un desafío urgente para la Academia de diversificar el conocimiento en todas sus áreas, con el objeto de conocer las características y el funcionamiento de este nuevo fenómeno criminal. 

Para su análisis hemos decidido aproximarnos utilizando de base la literatura que califica al Tren de Aragua como un ‘sistema de expansión’. En esta lógica se examinan sus actividades criminales basado principalmente en las explicaciones que proponen las Fuerzas de Orden y Seguridad (9,22,23). Para este propósito, utilizaremos los tres conceptos de movilidad de organizaciones criminales desarrollado por Federico Varese. Entenderemos que una organización criminal ejerce un tipo de gobernanza en su territorio de origen compartida muchas veces con el Estado u otras organizaciones criminales (24,25), sin embargo, por diversas razones, decide alejarse de su lugar de procedencia y se moviliza a otro territorio de un país distinto. Esta movilidad encierra al menos los conceptos de: trasplante; diversificación funcional; y separación. Concebiremos el trasplante como: “la capacidad de las organizaciones criminales para reproducir su gobernanza en algunos mercados o territorios alejados a su lugar de origen y de sus principales operaciones” (21,26). Concepto analíticamente más útil que el de ‘expansión’, pues este último esta solo referido a territorios contiguos del lugar de origen. De esta forma evitamos caer en la percepción que la “expansión del Tren de Aragua” conlleva a un ámbito de autoridad regional, y sus alcances se amplían hasta evidenciar las debilidades de los Estados de latinoamericanos (23). En este punto es importante además considerar que, la reputación delictiva del Tren de Aragua viaja a través de las fronteras, lo que habría dado lugar a que, en ocasiones, el ‘grupo trasplantado’ no está formado por miembros de base de la organización criminal, sino por personas locales que asumen el nombre y el peso simbólico de la organización. Se trataría entonces de un sistema de franquicia criminal(9). La situación migratoria masiva de venezolanos en Chile es una condición necesaria para explicar el trasplante del Tren de Aragua, sin embargo, no es condición suficiente.

Respecto del concepto de diversificación funcional de organizaciones criminales, según Varese, se relaciona con “las actividades en países extranjeros que no implican controlar los mercados o territorios, sino más bien, comprar y vender bienes y servicios ilegales” (21). También puede estar vinculado a la búsqueda de recursos e insumos de producción que no están disponibles en el territorio de origen y deben adquirirse en otro lugar. Como nos advierte Marcelo Bergman las economías ilegales crean mercados criminales. Es decir, ante una alta demanda de bienes ilícitos baratos (ej. ropa de marca falsificada) “se socava la capacidad del Estado para disuadir el delito; genera incentivos para el reemplazo de los detenidos; aumenta la violencia cuando las bandas criminales compiten entre sí; también crea más corrupción” (27). La diversificación funcional, implica una intención concreta de establecer un puesto de avanzada en el extranjero a largo plazo, dedicando recursos a dicho plan (21).

Por último, para que la separación opere en una organización criminal, respecto de su matriz original, uno de sus requisitos es que la nueva marca tenga éxito y sea fácilmente reconocible. Puede ser el mismo nombre de la organización matriz o algo que tenga impacto en sus víctimas (21). A su vez, el poder adquisitivo y su influencia debe ser suficiente frente a posibles represalias de la organización criminal de base. La separación, nos señala Varese, se puede provocar cuando una organización criminal de la madre patria ejerce un mayor control de los miembros en el puesto de avanzada imponiendo, por ejemplo, jefes que desagradan profundamente o aumentando las cuotas de remesas enviados a la matriz. En nuestro caso de estudio, un ejemplo de ello, en que quedan en evidencia las tensiones de una separación reciente, sucedió en julio de 2024, en la comuna de Lampa, de la Región Metropolitana. En la ocasión se produjo el homicidio de cinco personas de nacionalidad venezolana, debido a una disputa entre el Tren de Aragua “original” (que hoy se autodenominan “Los piratas de Aragua”) y una de sus facciones, “Los Orientales”, un grupo criminal que surge en 2011 en la cárcel de Puente Ayala, ubicada en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela (28).

Chile, ha resentido estas nuevas formas de amenaza a la seguridad, en las regiones fronterizas, lo que se ha reflejado en la agenda pública nacional, por ello a partir de la presencia del Tren de Aragua en la zona norte, se han implementado nuevas iniciativas con el propósito de afinar la estrategia en esta área. Así se observa al menos en el nuevo diseño de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), la cual propone una ‘nueva gobernanza’ para “mejorar la coordinación de las instituciones públicas con competencias en la prevención y persecución del crimen organizado” (29,30). Conviene enfatizar que la PNCO atribuye a la ‘expansión del crimen organizado’ el incremento de la tasa de homicidios, principalmente cometido con armas de fuego en Chile (30). Este fenómeno multidimensional requiere un enfoque que considere las diversas motivaciones y contextos implicados en sus procesos de movilidad.

Finalmente, en este escenario es esencial analizar el tipo movilidad que desarrollan estas organizaciones criminales y comprender sus dinámicas de funcionamiento concreto con el propósito de diversificar y afinar la respuesta estatal ante esta nueva criminalidad.

 

Referencias bibliográficas

  1. Rosen JD, Kassab HS. Crime, violence and the state in Latin America. New York NY: Routledge; 2020.
  2. Durán-Martínez A. Path-Dependent Criminality: Criminal Governance after the Paramilitary Demobilization in Cali and Medellín. Colomb. Int. 2024(119):3–36. doi: https://doi.org/10.7440/colombiaint119.2024.01.
  3. Yashar DJ. Homicidal Ecologies: violence after war and dictatorship in Latin America: Cambridge University Press; 2018. 443 p.
  4. Luna JP. Democracia muerta: Chile, América Latina y un modelo estallado: Ariel; 2024.
  5. Williams P. The Crisis of Governance. En: Marcella G, Pérez OJ, Fonseca B, editores. Democracy and Security in Latin America. New York: Routledge; 2021. p. 9–26.
  6. Molina Sanhueza J. Chile narco: Aguilar; 2023. 1 online resource.
  7. Tapia Ladino M, Quinteros Rojas D. Colchane e Iquique en tiempos de pandemia: del margen a la centralidad de la crisis humanitaria venezolana (2020-2022). Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos [Internet]. 2023; 23:1–30. Disponible en: https://www.sisomosamericanos.cl/index.php/sisomosamericanos/article/view/1089.
  8. Gambetta D. Codes of the underworld: How criminals communicate. Princeton: Princeton University Press; 2009. 363 p.
  9. Sampó C, Troncoso V. El tren de Aragua: La transnacionalización del crimen organizado a través del tráfico de migrantes. Análisis Político. 2024;37(108):147–76. doi: https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/116972.
  10. Idler A. Borderland battles: Violence, crime, and governance at the edges of Colombia’s war. New York NY United States of America: Oxford University Press; 2019. 466 p.
  11. García Pinzón V, Mantilla J. Contested borders: organized crime, governance, and bordering practices in Colombia-Venezuela borderlands. Trends Organ Crime. 2021;24(2):265–81. doi:https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-020-09399-3.
  12. GI-TOC. GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX: Chile Report [Internet]; 2023 [actualizado 2023; citado 03 de julio de 2024]; [6 p.]. Disponible en: https://ocindex.net/assets/downloads/2023/english/ocindex_profile_chile_2023.pdf
  13. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Resultados pobreza multidimensional Casen 2022 [Internet]; 2023; [70 p.]. Disponible en: https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2022.
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  15. Fiscalía de Chile. Informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile 2023 [Internet]; 2024 [actualizado 31 oct. 2024; citado 31 oct. 2024]. Disponible en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/archivo?id=53032&pid=23352&tid=2&d=1.
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  17. R4V. Refugiados y migrantes de Venezuela: junio 2024 [Internet]. Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela; 2024 [actualizado 3 jun. 2024; citado 2 jul. 2024]. Disponible en: https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes.
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  30. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Política Nacional Contra el Crimen Organizado [Internet]; 2022 [citado 3 ago. 2023]; [60 p.]. Disponible en: https://media.elmostrador.cl/2022/12/Poli%CC%81tica-Nacional-contra-el-Crimen-Organizado-del-Gobierno-de-Chile-diciembre2022.pdf.

 

2 Responses
  1. Luis Alberto Vergara Cisterna

    Es una columna muy interesante que plantea un escenario complejo para la política pública en materia de seguridad. Felicitaciones al autor.

  2. Carlos Sáez Larravide

    Muy interesante tu columna Alejandro! Podríamos tomarnos un café uno de estos días y conversar al respecto
    Muchos saludos
    Carlos Sáez Larravide

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