Jorge Gatica Bórquez
Investigador y Académico ANEPE
En primera línea del debate político nacional ha estado la posibilidad de desplegar a las FF.AA. para combatir el problema que causa mayor preocupación en nuestra sociedad en estos días: la seguridad pública. Qué duda cabe que este es un derecho humano, tal como lo consagra nuestra propia Constitución en su artículo 19, numeral 7°. Tampoco hay duda que el crimen organizado es una de las mayores preocupaciones del ciudadano común; a lo menos, es el de mayor sensibilidad en la percepción social.
Es conveniente recordar que la Declaración sobre Seguridad en las Américas, firmada en Ciudad de México en el año 2003, estableció en su diagnóstico que la seguridad regional se ve afectada por desafíos de naturaleza diversa, tales como “el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;”. Tanto es así, que explícitamente se condenó “la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades” (párrafo II, literal m). Y se asumió “el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación multilateral…” (Compromiso 25).
Cabe la pregunta entonces ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Una respuesta plausible sería que se minimizó la amenaza, asumiendo que Chile ha sido un Estado institucionalmente estable, con bajos índices de corrupción y criminalidad. Pero no es el momento de buscar culpables, seguramente todos tenemos una cuota de responsabilidad. Ahora debemos buscar soluciones y, al respecto, dos reflexiones:
El llamado en esta columna, entonces, no es a no emplear las FF.AA. en tareas de seguridad interior; de hecho, ya se está haciendo. Pero es imperativo hacer una seria y completa evaluación acerca de la naturaleza del fenómeno en su globalidad, cuál será el rol y el propósito que se persigue con la fuerza militar, cómo se implementaría esta medida, con cuántos medios y por cuánto tiempo; además, muy importante, los costes de oportunidad. ¿Qué y cuánto dejan de hacer las FF.AA. por asumir una nueva tarea? Una capacidad disuasiva convencional no se improvisa; por el contrario, es difícil lograrla y mantenerla.
En consecuencia, la dosis del remedio a administrar debe ser cuidadosamente estudiada. Podría ocurrirnos que, si no logramos desarrollar una prolija Anticipación Estratégica y tampoco mantener un instrumento militar suficientemente disuasivo, en unos años más debamos enfrentar otra amenaza, que ponga en riesgo la soberanía, los intereses nacionales y la integridad territorial.
Nota: Esta columna de opinión fue publicada en el medio “El Mostrador” el 19 de marzo del 2024
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