Hacia una nueva “comunidad de la defensa”

Miguel Navarro Meza

Durante la ceremonia de investidura del nuevo director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el 28 de julio,  el entonces Subsecretario de Defensa Víctor Barrueto, se refirió a la necesidad de organizar nuevamente la Comunidad de la Defensa, encargando derechamente a la Academia tal cometido. Desde luego, no es la primera vez que se encarga a la ANEPE actualizar y potenciar a la Comunidad de la Defensa pero, posiblemente, resulte ahora más necesario y oportuno.

La Comunidad de la Defensa original se constituyó a fines de los años 80 cuando, en las postrimerías del régimen militar, se comprendió que el éxito de la transición a la democracia descansaría en buena medida en un adecuado diálogo entre el mundo político e intelectual y  el estamento castrense. La Comunidad fue una agrupación informal, gestada progresivamente en torno a los múltiples seminarios referidos a la temática militar que entonces ocurrían, organizados por centros de estudios asociados a las distintas corrientes políticas que se agitaban en el país, y también a entidades universitarias que trataban los asuntos castrenses. La Comunidad de la Defensa se integró con civiles que provenían, en general, de la politología, las  ciencias sociales y el derecho. Algunos políticos, pocos, se sumaron a sus filas. Sus integrantes uniformados eran profesores de las academias de guerra de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, oficiales de los estados mayores institucionales  y – y esto es especialmente destacable- oficiales alumnos de postgrados en ciencia política en diversas institutos y facultades universitarios. La integración de la Comunidad descansaba en el reconocimiento y estima mutua entre sus partícipes y, en bastante menor medida, de la aquiescencia  de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.  En el caso de los integrantes civiles, lo fundamental eran sus conocimientos en materias de defensa y seguridad internacional –varios tenían postgrados en estudios estratégicos obtenidos en el extranjero-  efectivamente demostrados en escritos y conferencias.    

En su etapa temprana, la  Comunidad de la Defensa fue tributaria de los procesos políticos más amplios que hicieron posible la transición hacia la democracia. Al comienzo, hizo un aporte significativo al éxito de la misma, fundamentalmente por su condición de espacio de diálogo entre civiles y militares. Más adelante, la Comunidad estuvo activa en la estructuración de los Libros de la Defensa contribuyendo, por una parte, a la generación de las confianzas entre civiles y uniformados y luego a la definición de una Política de Defensa. Esto último se percibió con especial nitidez en los Libros de la Defensa 2002 y 2010. Además, varios de sus integrantes contribuyeron en no poca medida a la reforma y modernización del Ministerio de Defensa y del sistema de financiamiento de capital de las FFAA. Sin embargo, posteriormente y en la medida que la transición se consolidaba, la Comunidad de la Defensa perdió dinamismo. Cambió la forma de composición de los Libros de la Defensa y la redacción de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, más allá de una cierta retórica exitista, no  otorgó un verdadero  espacio de participación a la mayoría de sus integrantes, lo que bien podría explicar la suerte que corrió dicha iniciativa.  Resultó en cierto modo paradojal que, en la medida que había más civiles con ilustración sobre defensa y seguridad, la Comunidad perdiese diligencia. Solo con motivo de la composición de los acápites de defensa de los programas de gobierno que se agitan para las elecciones presidenciales, experimenta un discreto –y siempre temporal- resurgimiento.     

Aunque la Comunidad de la Defensa jugó un papel relevante en el proceso de transición, hoy día una Comunidad revitalizada puede tener un cometido tanto o más significativo en las relaciones político-militares en el país. Ello ocurre por al menos tres razones. Por lo pronto, un debate intelectualmente potente, prudente y sapiente es, en sí, fundamental para una relación político-militar propia de un  sistema democrático. En esto, la literatura comparada es unánime. Cualesquiera sean los criterios teóricos que se adopten para una adecuada conducción política de la Función de Defensa y del estamento castrense, estos descansan en un diálogo informado y horizontal entre civiles y militares y, por lo mismo,   el aporte intelectual de los especialistas civiles es indispensable e insustituible. Asociado a lo anterior, y en segundo término, la generación de las políticas públicas inherentes a la Función de Defensa requieren de especial ilustración de quienes, en definitiva,  han de tomar las decisiones fundamentales sobre sus contenidos,  responsabilidad que es propia de las autoridades políticas del sector. Esto se extiende a las vinculaciones de la Política de Defensa con otras políticas públicas, singularmente con la Política Exterior. También en esto la doctrina es unánime. Cohen(1), especialmente, destaca este aspecto; aunque se refiere fundamentalmente a los liderazgos civiles en tiempos de guerra, extiende sus efectos a las formulaciones políticas en tiempos de paz. También Hilsman(2) plantea lo mismo. Finalmente, pero de ninguna manera es lo menor, las teorías actuales de conducción de la función de Defensa por parte de las autoridades políticas, que enfatizan la convergencia y las dimensiones burocráticas de la misma, se orientan en el mismo sentido, la necesidad ineludible del conocimiento necesario de modo de ejercer en plenitud las potestades y atribuciones que los ordenamientos jurídicos les franquean. Kuehn y Croissant(3) perfilan especialmente este punto. Algo de esto se analizó en el reciente Congreso Mundial de Ciencia Política, en Buenos Aires, precisamente a propósito de las relaciones político-militares en América Latina.

En síntesis, en un sistema democrático, la existencia de un adecuado conocimiento civil en materias de defensa y seguridad internacional es consustancial a una relación político-militar moderna y funcional y en eso, la existencia de una “comunidad” que contribuya permanentemente a la generación de conocimientos y, especialmente, al necesario y permanente debate sobre sus temas relevantes, tiene un cometido fundamental e insustituible. La praxis política y la teoría de las relaciones político-militares son contestes y convergen en estos aspectos.

Lo expresado se aplica en la especie a Chile en el momento actual de la conducción de la Defensa. De ahí que la reconstrucción de una “Comunidad de la Defensa” actualizada -pero constituida según los mismos lineamientos intelectuales que la original- sea a la vez oportuna y necesarias y, salvando las distancias y las condiciones diferentes, puede tener un rol tan relevante de aquella de los 80s y 90s.    

• COHEN, Elliot A (2003) SUPREME COMMAND Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime Anchor Books, New York.
• HILSMAN, Roger (1971) The Politics of Policy Making in Defense and Foreign Affairs, Harper & Row, New York
• KUEHN, David & CROISSANT, Aurel (2023) Routes to Reform Civil-Military Relations and Democracy in the Third Wave, Oxford Studies in Democratization, Oxford University Press, Oxford.