Cuando los árboles no dejan ver el bosque: una mirada a la Araucanía, desde una perspectiva comparada

 

 

 

 

 

Dr. Jorge Gatica Bórquez

Profesor e investigador de la ANEPE

 

La crisis erróneamente conocida como “conflicto mapuche” ha dejado de ser un problema focalizado y preocupante para un sector del territorio nacional. Sin duda, a la natural intranquilidad de los afectados directamente (agricultores, transportistas, comerciantes, etc.) por las acciones delictivas protagonizadas por grupos criminales que han venido incrementándose en los últimos años, se suma la de los habitantes de la región indirectamente vinculados al problema, que tiempo atrás vivían en lo más parecido a “la copia feliz del Edén”.

Pero hoy la situación ha excedido ampliamente a los dos grandes grupos anteriores y se ha convertido en motivo de inquietud nacional. A las declaraciones de políticos, académicos, empresarios y otro tipo de referentes, se suman las polarizadas opiniones que cruzan las redes sociales, las cartas a los medios de prensa escrita, las opiniones que captan reporteros desde los ciudadanos comunes y las diversas plataformas de comunicación de la sociedad.

Sobre el origen y la solución al problema hay distintas y muy variadas opiniones. Unos  creen que es un problema de tipo económico-social, por lo que defienden una aproximación destinada a resolver una supuesta “deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo mapuche” y de otros grupos postergados de la región que es, por lo demás, la más pobre de Chile[1]. Por otra parte, hay versiones que apuntan al crimen organizado (en especial al narcotráfico y a la explotación ilegal de la madera), el que se estaría enseñoreando en la zona y que, por cierto, se beneficiaría con un estado de derecho frágil. El abanico es muy amplio: algunos defienden una salida mediante el diálogo y las concesiones, pasando por la refundación de instituciones fundamentales de la República y el procesamiento de algunos de sus miembros por supuestas violaciones a los derechos humanos; en contraposición, otros claman por una solución de fuerza, instando a la instauración de un Estado de Sitio con el empleo de las Fuerzas Armadas y de Orden con plenos poderes, las que supuestamente traerían la paz en unos pocos días.

Sin embargo, a lo menos existen dos consideraciones que estimo son fundamentales; ninguna es novedosa y ambas han sido ya tratadas en distintos foros y tiempos. Pero creo necesario ponerlas una vez más sobre la mesa ya que, por razones que ignoro, son permanentemente soslayadas tanto en el debate público, como en la forma en que se aplican iniciativas desde distintos sectores, con la loable pretensión de resolver el problema. La primera: este es un fenómeno multidimensional y complejo, en el cual no caben análisis ni estrategias de solución unisectoriales; la segunda: este es un conflicto socio-político (no un “conflicto mapuche”), ya que no se trata de una de las etnias que componen la nación chilena, que está contra el Estado de Chile.

Con respecto a la primera consideración, la de constituir este un fenómeno multidimensional y complejo, es pertinente recordar que la idea de multidimensionalidad se asocia a una situación que afecta a diversos ámbitos de la vida, mientras el concepto de complejidad refiere a un problema en el cual coexisten e interactúan diversas variables, muy entrelazadas entre sí y de naturaleza sistémica. El caso que nos ocupa en esta columna de opinión, la grave violencia instalada, altera la paz social y también las legítimas aspiraciones de generar proyectos de vida y desarrollo, individuales y colectivos. Pero lo más grave y que habitualmente se omite, es que apunta a la desintegración nacional, porque amenaza directamente la permanencia de elementos constitutivos del sentido de nación. Con respecto a la complejidad, este fenómeno está atravesado por múltiples variables, entre las cuales es posible encontrar las de orden jurídico, social, político y económico; todas estas son las que, de manera exhaustiva, deben ser identificadas y sus soluciones articuladas por el Estado, pero con la participación de todos los chilenos. En efecto, una intervención no integral, tanto en su concepción como en su implementación, sin duda estará destinada al fracaso.

¿Tenemos referentes en alguna parte del mundo? Un excelente ejemplo de ello está muy cerca y es posible visualizarlo en lo que ha ocurrido por varias décadas en el Perú, específicamente en la región conocida como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), área que abarca parte de los departamentos de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín.

La importante región del VRAEM, que ha estado declarada en Estado de Emergencia desde el año 1999, poseía al año 2018 una población cercana a los 450.000 habitantes, de los cuales un 58% estaba en la categoría de pobreza extrema y un 30% en pobreza, según información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (revista IDEELE N°284)[2]. 

Recordemos brevemente que el VRAEM, especialmente por sus características geográficas, alojó en la década de los 80 a la organización terrorista denominada Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), liderada por Abimael Guzmán, quien fuera detenido en septiembre del 1992 y posteriormente llegaría a un acuerdo de paz con el presidente Fujimori en 1993, que en los hechos nunca fue firmado. Ante la captura de Guzmán se produjo un quiebre en la organización extremista; una fracción continuó con la violencia, mientras otra aceptó el acuerdo logrado. Los que continuaron en la acción adoptaron el nombre de “Sendero Rojo” y, bajo el mando de Oscar Ramírez Durad (Feliciano), se unieron con los hermanos Quispe Palomino. En esta mezcla de subversión y crimen organizado, los antisociales establecieron un régimen del terror en el VRAEM, instaurando escuelas revolucionarias, secuestrando niños y esclavizando mujeres. Posteriormente, en 1999 y ya capturado Feliciano, la violencia nuevamente tomó fuerza y obligó al Estado Peruano a actuar.

Desde el año 1999, las FF.AA. operan a través del Comando Especial VRAEM, que en su página web expone como tarea que “(…) en zonas declaradas en estado de emergencia ejecutará operaciones contra el terrorismo y acciones militares; en zonas en estado de derecho realizará operaciones y acciones militares mixtas con la Policía Nacional del Perú”[3]. Por cierto, no hay una declaración precisa de la cantidad de efectivos que están operando en la región, pero según se informa en la revista IDEELE, el entonces Ministro de Defensa José Huerta afirmó que en el año 2018 hubo un promedio de 5.800 efectivos desplegados.

El punto es que desde el inicio del conflicto en la década de los 80, el Estado Peruano le dio siempre una connotación estrictamente militar. De hecho, entregó el poder político a las FF.AA. entre los años 1982 y 1989. De esta manera, por muchos años, la solución se veía como un asunto unidimensional y complicado, pero no complejo. El año 2012, con el Decreto Supremo N°074-2012-PCM, se “declara de prioridad nacional el desarrollo económico social y la pacificación de la zona del VRAEM”. El mismo documento constituye la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la región, entidad de carácter permanente, con la tarea de “proponer políticas, planes y estrategias de intervención integrales en el VRAEM”, además de coordinar y monitorear a la totalidad de los actores involucrados en el problema. Actualmente se encuentra en vigencia el Decreto Supremo N°102-2018-PCM, firmado por el presidente Vizcarra, que aprueba el Plan Multisectorial denominado Estrategia VRAEM 2021.[4] En ese contexto, a fines del año 2020, comenzó a operar un “comando integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), para responder al narcotráfico y el terrorismo en la vasta zona” según informó el Ministerio de Defensa del Perú[5].

Asumiendo ahora la segunda consideración, la denominación tan generalizada como inadecuada de “conflicto mapuche” a estos ya recurrentes episodios de violencia, nubla el análisis real del problema, reduciéndolo de manera equivocada a una lucha sustentada en principios étnicos y evadiendo el asunto de fondo, que no es otro que subversión mezclada con crimen organizado, que se disfraza de aspiraciones (legítimas o no, esa es otra discusión) de grupos que se sienten marginados. Además, y tan grave como lo anterior, esta mirada binaria de “ellos y nosotros” o “los mapuches y los chilenos”, también genera una cuña en la propia nación chilena. Ya lo dijo don Bernardo O´Higgins en su Decreto “Denominación de chilenos”, firmado el 3 de junio de 1818, en cuanto a que “Observándose en lo demás la fórmula que distingue las clases, entendiéndose que respecto a los indios, no debe hacerse diferencia alguna sino denominarlos chilenos”.

No olvidemos que la nacionalidad chilena está compuesta por descendientes de españoles, alemanes, italianos, coreanos, árabes y peruanos (entre muchas otras contribuciones extranjeras), a las que se suman compatriotas provenientes de las 9 etnias originarias. De hecho, según el Censo 2017, un 12,8% –lo que equivalía a casi dos millones doscientas mil personas– se reconocía descendiente de alguna de ellas. De ese significativo número “más de un millón 700 mil personas se declararon mapuches y, de ellos, 614 mil viven en la Región Metropolitana”[6]; este número implicaba un 35% del total de esa etnia, mientras solo el 18% permanecía en La Araucanía.

En consecuencia, usando la experiencia del Perú antes descrita (a la cual podrían agregarse varias más ocurridas en el mundo), es evidente que un problema complejo requiere aproximaciones y estrategias de esa categoría. Intentar solo el uso de las FF.AA., por muy profesionales y eficientes que estas sean, no garantiza la solución definitiva del problema; más aún, este puede agravarse y eternizarse. Esto implica hacer uso de la fuerza tanto como se requiera para mantener el Estado de Derecho, pero como un componente más de una estrategia comprehensiva, con claras tareas, atribuciones y respaldo.  Adicionalmente, este no es un problema que deba o pueda resolver el Ejecutivo por sí solo, con los instrumentos de poder que posee a su disposición. Se requiere un compromiso transversal de todos los poderes del Estado, medios de comunicación social, políticos de todas las tendencias, académicos, empresa privada y la sociedad civil en general.

Por todo lo anterior, debe desterrarse la idea del “conflicto mapuche” o del “terrorismo mapuche”, para denominar al fenómeno con el nombre que en rigor tiene: delincuencia, crimen organizado, subversión y terrorismo, que se esconde y anida tras otros problemas que deben ser también resueltos mediante un esfuerzo del país en su conjunto. Si el diagnóstico de la enfermedad es equivocado, el remedio también lo será y no curará a este enfermo llamado Araucanía; más aún, hasta podría contagiar a los más cercanos, poniendo en grave riesgo la subsistencia nacional.         

[1] Casen 2017. Disponible en http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2017/ Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf, consultada el 25 de febrero del 2021.

[2] Disponible en https://revistaideele.com/ideele/content/la-guerra-en-el-vraem-los-problemas-del-estado-para-restablecer-la-paz-y-los-vac%C3%ADos-legales, consultada el 25 de febrero del 2021

[3] Disponible en http://www.ccffaa.mil.pe/defensa-nacional/comandos-especiales/comando-especial-vraem-ce-vraem/, consultada el 26 de febrero del 2021

[4] Disponible en http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/DS-N%C2%B0-102-2018-PCM.pdf, consultado el 25 de febrero del 2021

[5] Dialogo. Disponible en https://dialogo-americas.com/es/articles/peru-establece-comando-contra-narcotrafico-y-terrorismo-en-vraem/, consultado el 26 de febrero del 2021

[6] Disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-rm-vive-casi-doble-mapuches-la-araucania/156628/, consultado el 26 de febrero del 2021

6 Responses
  1. María Angélica Bórquez Fénero

    Excelente análisis , muy claro y preciso, permite conocer antecedentes de un problema que nos afecta como país.

  2. Interesante y cierta la postura y análisis., Lo problemático es que el Estado no ve soluciones más aya de lo mediático y solo con fines políticos, y ese es el talón de Aquiles que permite a minorías organizados se apoderen de todo lo que tienen a su paso.

  3. Julio Rojas

    Análisis desapasionado y objetivo de un problema complejo y multifactorial.
    Un ejercicio intelectual que nos lleva a afrontar el desafío como nación a una solución viable, permanente y por todos añorada.
    Los asesores en las materias asociadas a las expresadas en la presente columna deberían ser de carácter permanente en los altos mandos institucionales.

  4. Pedro Neira

    Muy claro y preciso su análisis, profesor. Es esperable que las instituciones de gobierno alguna vez en más de 50 años sean capaces de leer el problema y darle un real solución que satisfaga a todas las partes por el bien de nuestro país.

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