Chile: Migraciones y Fronteras

Dr. Guillermo Bravo Acevedo

La situación migratoria en el norte del país y la seguridad de las fronteras de esta macrozona ha ocupado un lugar en la agenda y el debate público de los últimos días. Si bien, la prensa, los programas de televisión y las entrevistas a representantes políticos han expresado su opinión al respecto, es necesario precisar ciertos conceptos para explicar y clarificar la situación.

La migración, como legítimo movimiento de población, es un proceso complejo que puede ser estudiado desde diferentes disciplinas. La geografía junto a la geopolítica estudian la dimensión espacial, la demografía describe el perfil de las poblaciones migrantes, la sociología explica el fenómeno interdisciplinariamente, la ciencia política analiza el tema aplicando categorías teóricas y la historia como proceso desarrollado a lo largo del tiempo. Sin embargo, ninguna de estas disciplinas califica a las migraciones como “ilegal”.

Por otra parte, no hay evidencias teóricas o empíricas que permitan calificar este movimiento de población como ilegal. En el Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales de 2005 se acordó aplicar el concepto de “migración irregular” al movimiento de personas que ingresan o permanecen en un país del cual no son ciudadanos, violando las leyes nacionales. La Comisión, también estuvo de acuerdo que una persona no puede ser “irregular” o “ilegal”, por tanto identifica a estas personas como “migrantes en situación irregular”.

Aclarado este concepto, es preciso indicar porque nuestro país se encuentra en una situación de crisis migratoria, especialmente en la frontera de la macrozona norte. Los factores que explican este escenario son variados y sólo nos referiremos a dos de ellos: la política migratoria del país y el cambio del perfil flujo migratorio.

Luego de más de 200 años de vida republicana, la historia nacional demuestra que el proceso migratorio ha pasado por diversas etapas, aunque siempre asociadas al ritmo del desarrollo, pero sin una política migratoria de Estado. Cada gobierno enfrentó el proceso con programas migratorios selectivos, incorporando a extranjeros en calidad de colonos para poblar y trabajar tierras cultivables; obreros con el fin de activar el desarrollo industrial; dando refugio a diversas personas que en sus países tenían problemas de orden político. Sin embargo, esas medidas tomadas por los gobiernos para atraer inmigrantes siempre fueron superadas por la migración individual, libre y espontánea, cuyo perfil era mayoritariamente europeo

En 1975 se dictó la Ley Nº 1094, denominada Ley de Extranjería, cuyo contenido no la identificó como una disposición legal calificable como política migratoria, sino más bien como un conjunto de normas administrativas sobre ingreso y egreso de extranjeros al país. Bajo las normas de dicha ley llegaron al país grupos de extranjeros que, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, fueron superando la tradicional migración europea, que fue reemplazada por una nueva migración, la de ciudadanos americanos, preferentemente. Estos americanos que querían avecindarse en Chile aumentaron considerablemente desde los inicios del siglo XXI por considerar que nuestro país se había convertido en una sociedad receptora estable en lo político, acogedora en lo social y atractiva en lo económico.

Los datos estadísticos son categóricos para confirmar el cambio de flujo del perfil migratorio. El censo de población 2002 registró una población de 184.464 extranjeros, de los cuales el 71.8% era de origen americano, en tanto que para el censo de 2017 se contabilizaron 746.465 extranjeros residentes, con una proporción de 81,3% americanos. En 2018, el Ministerio del Interior presentó un informe que rectificó las cifras del censo 2017, estimando que residían en Chile 961.000 extranjeros y subrayando que cerca de 300.000 de ellos residían en situación irregular. Finalmente, el Departamento de Extranjería y Migración junto con el Instituto Nacional de Estadísticas publicaron que al 31 de diciembre de 2020, 1.462.103 extranjeros vivián en el país.

¿Cómo explicar este crecimiento tan acelerado de extranjeros residentes en el país?. Una respuesta simple se relacionaría con la facilidad para cruzar las fronteras y con la falta de una política migratoria de Estado que regulara eficientemente el flujo migratorio. Sin embargo, la explicación es más compleja y se vincula con el cambio geográfico y geopolítico de la migración internacional y regional.

En la primera década del siglo XXI, la globalización y la economía mundo fueron los factores que transformaron las migraciones internacionales y regionales en un proceso complejo produciendo cambios en las sociedades de origen y de recepción. La globalización permitió la apertura de los mercados mundiales que disminuyeron las limitaciones a la circulación de capitales y la aceptación de migrantes con alta calificación profesional. Al mismo tiempo, la atracción de los mercados de trabajo de los países desarrollados impulsó la migración laboral de trabajadores americanos con una calificación relativamente baja e interesados en desplazarse de Sur-Norte, de tal manera que la masividad de un flujo migratorio irregular se convirtió en un problema que debieron tener en cuenta las políticas de migración de los países europeos y Estados Unidos.

La situación cambió a partir de la crisis subprime de 2008. Como consecuencia, los movimientos de población modificaron sus destinos, redujeron el flujo migratorio, no hubo retornos masivos, el mercado de trabajo registró un alto desempleo y disminuyeron las remesas que los migrantes enviaban a sus familias

A partir del 2010, el crecimiento de la migración regional en América del Sur se relacionó directamente con el fortalecimiento de la globalización, la vigencia de la mundialización de la economía y las consecuencias propias derivadas de las diferentes crisis económicas, sociales y políticas en la región americana. Los datos estadísticos del World Migration Report avalan esta afirmación al señalar que los migrantes regionales aumentaron 11% entre 2010 y 2015, pues la mayoría se movilizaba buscando trabajo. Por tanto, la orientación de la migración regional se había convertido en Sur-Sur.

Para Chile, la cantidad de extranjeros que habían ingresado al país alcanzaba a 416.028 en 2014 pasando a 965.833 en 2017. Los tres colectivos que más crecieron eran: haitianos de 1.649 a 73.098 (4.332,9%); venezolanos de 8.001 a 84.056 (950,6%); colombianos de 25.038 a 126.981 (407,2%), entre los mismos años, respectivamente.

Paralelamente, a este escenario de migración regional, se presentó un problema de seguridad con el cruce de las fronteras de la zona norte porque la presión del flujo migratorio conjuntamente con el contrabando de mercaderías y comercio de la droga era difícil de controlar. La medida principal que aplicó el gobierno, desde 2011, fue el llamado Plan Frontera Norte (PFN) con el objetivo de fortalecer la frontera marítima y terrestre de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá́ y Antofagasta para evitar el ingreso y salida de droga y contrabando del país a través de puertos, sectores costeros no habilitados, complejos fronterizos y pasos no habilitados.

A partir de 2015, con la crisis social y económica de Venezuela se desarrolló una profunda crisis migratoria regional que derivó en un crecimiento del flujo de migración irregular, pero al mismo tiempo, hubo aumento del tráfico de droga, contrabando, robo de vehículos, tráfico de migrantes y trata de personas demostrando la permeabilidad las fronteras nortinas. Por tanto, el control fronterizo se complejizó porque las autoridades policiales debieron controlar los intentos de los migrantes que querían cruzar la frontera por los más de 160 pasos no habilitados, sino que también vigilar las fronteras para los negocios ilícitos del Crimen Organizado Transnacional(COT).

Debido al difícil escenario el PFN no tuvo el resultado esperado, pues en su objetivo no estaba contemplado patrullar la frontera para evitar que los migrantes cruzaran el límite político y fronterizo por pasos no habilitados. Por esta razón, en 2018 se ideó el Plan Frontera Segura (PFS), que incluyó fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos de la región norte, control sobre el narcotráfico y una vigilancia más efectiva del cruce de las fronteras que los migrantes realizaban por pasos fronterizos no habilitados. La aplicación de este Plan tampoco funcionó como se esperaba.

Las cifras demuestran esta afirmación. Entre 2010 y junio de 2021 ingresaron al país 68.435 migrantes en situación irregular. Por otra parte, la medida tomada de cierre de la frontera durante la vigencia del COVID-19 tampoco fue efectiva, porque entre marzo 2020 y junio 2021, las mayores cifras de extranjeros que cruzaron irregularmente la frontera por pasos no habilitados fueron 30.849 venezolanos, 3.887 bolivianos, 1.889 haitianos y 1.691 colombianos, dejando constancia que estas cifras corresponden solamente a migrantes que se han denunciado y a aquellos que ha detenido Carabineros en control de identidad, en consecuencia hay una cifra “negra” que es imposible calcular.

El control de las fronteras se complicó aún más porque coincidentemente con el crecimiento de los cruces irregulares, entre 2015 y 2021, hubo un aumento en las incautaciones de drogas por los pasos no habilitados de la frontera de la macrozona norte. En la región de Antofagasta se incautaron 108.504 kg de cocaína, pasta base y marihuana; en la región de Arica y Parinacota, 44.646 kg; y en la Región de Tarapacá, 19.532 kg.

En este contexto, en 2019, como apoyo al PFS, se dictó el Decreto 265 que autorizó a las Fuerzas Armadas para colaborar con las autoridades civiles y policiales competentes para controlar actividades vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, al narcotráfico y crimen organizado transnacional; decreto que se amplió en enero de 2021 permitiendo que se controlara el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Pese a las nuevas medidas aplicadas el problema no ha terminado porque la migración irregular sigue presente y los narcotraficantes utilizan otros métodos para ingresar drogas al país. La mejor estrategia puesta en práctica por el narcotráfico es aprovechar el ingreso de migrantes irregulares, que por su desesperación y difícil condición económica acceden a cruzar la frontera por pasos no habilitados con la droga facilitada por las organizaciones criminales.

De este modo, el escenario que presenta la migración irregular en las fronteras de esta zona, junto al negocio del narcotráfico, ha complicado el control fronterizo, siendo necesario ampliar las medidas de control con un decreto que declara las fronteras de la zona norte como infraestructura crítica y que permite a las Fuerzas Armadas operar con nuevas atribuciones y herramientas frente al ingreso de migrantes irregulares.

No obstante, la política migratoria de Chile, establecida en la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, es el marco jurídico que debe orientar las medidas que protejan los movimientos de población con los principios de la migración segura, ordenada y regular.