Capacidades polivalentes: la Defensa como objeto de diseño

Fulvio Queirolo P.

Investigador CIEE-ANEPE

Actualmente, existe cierto acuerdo transversal en que los escenarios estratégicos globales y regionales se han modificado a partir del término de la Guerra Fría. El discurso sobre el conflicto bélico tradicional ha quedado desfasado o postergado porque se estima que dicha problemática ha transitado hacia nuevos entornos regionales, en los que la incertidumbre, la ambigüedad y la multidimensionalidad de riesgos y amenazas a enfrentar, exigen respuestas diferentes —más complejas y con mayor integración entre lo externo y lo interno— ambiente donde las actuales concepciones, estructuras e instituciones debiesen estar sintonizadas. En efecto, fenómenos como el terrorismo, el crimen organizado, los flujos migratorios no controlados, el tráfico de drogas, las emergencias y catástrofes naturales, pandemias, las complejidades de la ciberseguridad, entre otras manifestaciones, son algunas de las nuevas demandas que deben ser tratadas bajo lógicas diferentes de las que se venían desarrollando.

En esta reflexión resulta oportuno recoger algunas evidencias locales para argumentar este razonamiento: dos módulos sanitarios de campaña de las FF.AA. fueron destinados para apoyar la alta demanda por atención primaria del sector norte de la capital (hospital San José y Félix Bulnes); después del paso de una “tromba marina” se aceleró la decisión política de adquirir —bajo el ámbito de la Defensa— un sistema de satélites que permita recabar información oportuna para advertir a la ciudadanía de nuevos fenómenos meteorológicos y así minimizar sus impactos. Finalmente, y luego de un sinnúmero de acciones vinculadas a bandas de “narcos”, se ha instalado en parte del “colectivo social”, la idea de que las instituciones armadas podrían intervenir en su lucha, junto a otros estamentos, tema que ha sido recogido por el gobierno al impulsar el Decreto 265, que “autoriza y delega en el Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en zonas fronterizas”[i].

En esta dimensión, es necesario señalar que la Constitución establece claramente el marco jurídico que debe guiar a la primera autoridad de gobierno para decretar algún “estado de excepción”[ii] y, bajo dicha norma, desplegar medios de la Defensa, amén que su principal función continúa siendo “el resguardo de la soberanía y defensa de los intereses nacionales frente a amenazas externas”. Sin embargo, con frecuencia se instalan en la discusión política y social algunas críticas sobre el pasivo accionar del sector Defensa en roles diferentes a su función principal, reparos que tendrían su origen en el hecho de que el Estado de Chile resuelve mantener a las FF.AA. alejadas de nuevos fenómenos, salvo las excepcionalidades ya indicadas y el decreto antes enunciado.

Respecto de lo anterior, vale detenerse un momento para reflexionar sobre algunos aspectos. Las autoridades sectoriales han establecido una hoja de ruta de la Defensa (2012 -2017), que considera un nuevo modelo de diseño estratégico para sus fuerzas, teniendo como argumento que el ambiente de seguridad internacional y local había migrado a una arena global que hacía muy difícil sostener “hipótesis de conflicto”. De tal manera se acelera el tránsito hacia una planificación de desarrollo de capacidades que debería hacer frente a ciertos “escenarios” posibles, deseables o probables, según sea la coyuntura, programa que entrará en régimen a partir de 2022.

Este modelo busca identificar riesgos y amenazas a los cuales podría verse enfrentado el país, a través de un análisis que demanda una rigurosa metodología, no solo cuantitativa, sino que también de otras herramientas de validación como el uso de la prospectiva. Desde este contexto la autoridad responsable del sector —acorde con lo indicado en el Libro de la Defensa Nacional Ed. 2017[iii]— debiese propiciar el desarrollo de capacidades con sentido de “polivalencia” y, de esta forma, contar con un instrumento estatal sintonizado con los escenarios que se establezcan, los que serían muy distintos a la guerra clásica por todos conocida.

Hasta aquí, el lector quizás no advierte la sutileza conceptual de lo expresado. Sin embargo, se puede adelantar una presunción de “riesgo de sesgo analítico” en el instante de tomar la decisión sobre qué se desea desarrollar. Teniendo en cuenta lo mencionado por el propio LDN, texto que sitúa al sector Defensa en un contexto en que un conflicto internacional es de baja o nula ocurrencia, condición que invisibiliza la probabilidad de un conflicto, el resultado del desarrollo de capacidades estratégicas se orientaría, lógicamente, hacia aquellos escenarios de mayor causalidad. Desde esta perspectiva, ambientes en que la seguridad humana se encuentre en peligro podrían indicar que la participación en Operaciones de Paz podría ser prioritaria, o bien, si el escenario de mayor preponderancia entrega como resultado el incremento de desastres naturales u otro, la orientación transitaría por generar instrumentos para enfrentar estos fenómenos.

En consecuencia, el principal rol establecido para la Defensa por el propio Estado a través de la Constitución, podría dejar de constituir la base para desarrollar sus capacidades. En tal caso, y como lo señala el “colectivo social” y, refrendadas en los primeros párrafos de esta columna, se aprecia que el diseño conceptual estaría respondiendo a escenarios posibles, probables o deseables alejados a los roles establecidos por la Carta Magna, generándose la tendencia a desarrollar capacidades muy diferentes a las de hoy.  

Lo anterior, pudiese circunscribir a las FF.AA. a cumplir roles y funciones acotados a escenarios de alta probabilidad de ocurrencia, lo que sin duda constituiría una orientación que podría acarrear incalculables consecuencias para el país: bastaría con recordar los sucesos del Islote Snipe en 1958[iv].

De esta manera, la Defensa adquiere una dimensión mucho más amplia que la sola disuasión o el enfrentamiento de un eventual adversario. También pasa a constituirse en una herramienta activa destinada a darle al país el respaldo necesario para hacer sentir una influencia positiva sobre su entorno de seguridad interno y externo. Por lo mismo, la función Defensa no solo debe ser entendida en forma reactiva para enfrentar eventuales amenazas externas —aunque sean bajas—, sino que, por el contrario, su papel más relevante lo debiera alcanzar en su dimensión proactiva, al dar respaldo y sustento a la preservación de los intereses nacionales y a la protección de los chilenos, ahí donde lo necesiten.

Desde una aproximación más estructural pareciera existir consenso en la necesidad de racionalizar, actualizar y/o perfeccionar algunos de los cuerpos legales que regulan el accionar de la Defensa y de sus Instituciones, de manera de optimizar la sintonía entre sí y con las demandas derivadas de los cambios —ya descritos— en los entornos políticos, estratégicos y sociales nacionales e internacionales. Las variaciones en la naturaleza de los riesgos y de las amenazas obligan a disponer de los marcos regulatorios que permitan las respuestas estatales necesarias, a fin de abordar de manera integral la multidimensionalidad de dichos desafíos.

Con todo, queda reiterar que el esfuerzo de estas reflexiones más bien se ha orientado a demostrar el por qué es tan necesaria la “disuasión y polivalencia”, constituyendo ambas capacidades, complementarias e indispensables, el fin último a mantener y desarrollar de manera integral. 

[i]   BCN. Decreto 265, Ago. 2019. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1134840

[ii] CPR., Cap. IV, arts. 41 al 43 “De los estados de excepción constitucional”, 2005.

[iii] MDN. LDN. Ed. 2017. Tercera Parte, “La Política de Defensa Nacional” pp. 94 – 182.

[iv] REVISTA DE MARINA. Lecciones de la historia. Ene-Feb. 2018. Disponible en: https://revistamarina.cl/lecciones-de-la-historia/el-incidente-del-islote-snipe/